Después de tres días del juicio contra 18 comuneros de la zona de Arauco por actos de resistencia, se ha evidenciado una preocupante situación. No es un juicio contra 18 peñi, sino una advertencia del estado chileno a los procesos que llevan adelante distintas comunidades en Wallmapu. Intentando por todos los medios criminalizar y desvirtuar el proceso de recuperación territorial del sector Choque.
Queremos presentar un resumen de la estrategia del Gobierno, el ministerio público y los poderes económicos, para condenar a los peñi, demostrando así su real cara, resguardar los intereses de los grandes grupos políticos y empresariales, y su estrategia de genocidio contra nuestro pueblo Mapuche.
Gobierno:
En el primer día de juicio, el gobierno realizo un “téngase presente” (algo así como un saludo a la bandera) en relación a la recalificación de la querella por ley antiterrorista. Como esta adherido a esa querella, interpuesta por el ministerio publico, no puede desadherirse, pues esto lo obligaría a retirarse del caso como parte acusatoria. Sin embargo, como su afán es que los peñi sean condenados, mantiene su participación, en el “téngase presente” plantea que al final del juicio (en caso de ser encontrados culpables) recalificaría, a delito común, pero a cambio solicita al tribunal penas que alcanzan en algunos casos los 20 años de prisión.
Por tanto, la acusación va tal cual se presento en el acto de apertura, por el ministerio publico, con ley antiterrorista incluida.
Ministerio público (representado por el fiscal anti Mapuche Andrés Cruz):
Basa su acusación en conjeturas, supuestos, no presenta una acusación objetiva de los hechos.
Parte su acusación mencionando hechos ocurridos el año 2004 presentando como hito central el incendio al fundo Ranquilwe. De ahí va incorporando los diversos actos de resistencia dentro de un mismo contexto: “la recuperación productiva de tierras y el control territorial” (acusación política ideológica, cargada de subjetividad), hasta llegar al enfrentamiento con los perros de Elgueta.
En este contexto, la CAM liderada política y militarmente por llaitul, se vincularía a diversos robos de madera ocurridos en la zona de Arauco, desde el 2004, dándole a estos un carácter político- ideológico, “la recuperación productiva de tierras y el control territorial".
Hace énfasis en el robo de madera, pues es el único hecho que tiene más coherencia como delito y del cual dice tener pruebas más concretas.
En el caso de la acusación que tiene relación con los incendios, la única prueba son los testigos protegidos que, por lo demás, no serían presentados por la fiscalía. Lo que va a presentar es la reproducción de la declaración de su testigo principal, es decir, será leída por un tercero, lo que impedirá a la defensa ver sus gestos, tono de voz, reacción a preguntas o documentos, etc.
En cuanto a los demás testimonios, son testigos de oídas, lo que no es lo mismo que un testigo de hecho (de los hechos). Y como la única prueba que tiene a los peñi presos son las declaraciones de estos testigos la fiscalía se estaría quedando sin pruebas o sin pruebas reales, sino que contaría unicamente con pruebas inventadas o manipuladas (como en el caso del asesinato del peñi Collio).
En resumen el ministerio público, está basando su acusación en un contexto creado y manipulad, pues integra en un mismo contexto el robo de madera, los incendios, enfrentamientos, comunicados, sin tener pruebas concretas que conecten todo lo anterior. Esta situación llevaría su acusación a un plano totalmente subjetivo, no se atiene a la objetividad que debe llevar el debido proceso (algo que tanto defienden). Algo que no es nuevo en casos contra mapuche.
Otro dato relevante, es una acusación que realiza la fiscalía, en la cual, se presenta como “nosotros la forestal Mininco”, lo que demuestra que el fiscal Cruz cortó y pegó la querella de la Mininco. Es notable la subordinación al poder económico por parte del Ministerio público.
Jueces:
La tendencia de los jueces, hasta el momento, ha sido favorecer a la fiscalía, aceptando sin mayor cuestionamiento lo expuesto por éstos. Por ejemplo, aceptó el reingreso de testigos y peritos que quedaron excluidos en la preparación de juicio oral, sin que esta exclusión haya sido apelada en su momento por la fiscalía. Además, están permitiendo el ingreso de fotos y videos sin peritos que los respalden, vulnerando nuevamente el debido proceso.
Esta tendencia es peligrosa, puesto que al aceptar testimonios que se afirman en la subjetividad, dará validez a un constructo, con características de montaje, creado por Estado chileno a través de la ANI , PDI , SIP, en conformidad con el poder económico, logrando así encarcelar a los peñi y de esta forma seguir avanzando en su política de genocidio hacia nuestro pueblo Mapuche.
Policía y medios de comunicación:
Se ha caracterizado el juicio por la presencia de un gran despliegue policial y periodístico, que repleta casi en su totalidad la sala del juicio.
En las afueras el GOPE, fuerzas especiales y la SIP de carabineros por un lado y la PDI por otro, dan un tinte represivo al ambiente intentando atemorizar (sin lograrlo) a los familiares y amigos que llegan a acompañar.
Por otra parte la acción periodística mantiene la misma tendencia de tergiversar, criminalizar incluso culpar (antes de concluído el juicio) no solo a los 18 peñi acusados sino a todo proceso de reivindicación territorial y política que lleven adelante las comunidades Mapuche
Fuente: http://www.paismapuche.org/
No hay comentarios:
Publicar un comentario