Según trascendidos de prensa, la recién creada División de Estudios, que dependerá del Ministerio del Interior y que estará a cargo del ex-fiscal Alejandro Peña, no solo se ocupara del crimen organizado, el narcotráfico y del “terrorismo”, sino que además la División también se encargara de todo los relacionado con los conflictos sociales y las huelgas.
La criminalización del movimiento social.
Hace ya tiempo que los diferentes gobiernos capitalistas del mundo, apuntan a criminalizar al movimiento social, la idea es mezclar y hacer aparecer al mismo nivel, al crimen organizado, el narcotráfico y el movimiento social, los criminales no solo serán los ladrones y narcotraficantes, sino también los dirigentes sindicales, estudiantiles, mapuche, ambientalistas y sociales en general.
El principal rol de la oficina encabezada por el ex-fiscal Peña, apunta a hacerles un seguimiento y un monitoreo a las huelgas o llamados a protesta contra el sistema, ellos deberán levantar un catastro de todos los dirigentes sociales “conflictivos” que se atrevan a levantar la voz para defender sus derechos. En realidad y es necesario decirlo, todo esto tiene un fuerte tufillo fascista.
Todos los catastros y monitoreos tendrán como fin, organizar montajes que los impliquen en algún delito, con los cuales puedan llevarlos a juicios interminables, periodos en los que estos deberán estar encarcelados y de esta forma poder sacarlos del medio y frenar las inevitables movilizaciones que veremos en el próximo periodo, dado que la rabia y la frustración contra el sistema capitalista siguen aumentando en los sectores populares, algo que tiene muy claro el actual gobierno y para lo que ya se están preparando, para intentar darle una justificación de legalidad a la represión.
Replicar la forma de represión contra los mapuche.
La idea es replicar la forma en que han llevado cabo la represión contra el movimiento mapuche, montajes, testigos sin rostro y juicios parciales contra los comuneros y dirigentes mapuche, que han durado meses y años, en los que ellos han debido estar en la cárcel, para luego ser dejados en libertad por falta de merito o porque simplemente no tenían nada que ver con las acusaciones falsas que pendían sobre ellos.
A todos estos planes, ellos le llaman “estrategias orientadas a la mantención del orden público” y es lo mismo que este fiscal ha aplicado a todos los que hoy supuestamente están implicados en el llamado “caso bombas”, aparentemente este juicio ha sido la marcha blanca de la nueva estrategia de represión contra el movimiento social, dado que según trascendidos todo empezó el año 2010, identificando las fechas emblemáticas de los días de movilizaciones sociales, como el 29 de marzo (día del joven combatiente), 1° de mayo (fecha emblemática de los trabajadores) y el 11 de septiembre, para concentrar la represión en los días anteriores y el día mismo.
La represión apunta a movilizaciones, laborales, ambientales y sociales.
El desafío que tiene esta nueva división apunta a levantar catastros de todo tipo de conflictos a nivel del país, con la ayuda de las intendencias y gobernaciones de las diferentes regiones, coordinando finalmente a todos los organismos del Estado y las fuerzas represivas (policías y oficinas de seguridad), para lo cual deberán desarrollar una estrategia permanente de acciones de represión contra el movimiento social, para hacer respetar el “orden público”.
Finalmente el gobierno ha dado la orden de no fijarse en gastos, para ello la nueva división contara con su propio presupuesto para desarrollar sus proyectos.
El movimiento social debe ponerse en alerta.
Los trabajadores, jóvenes, mapuche, ambientalistas y organizaciones sociales en general debemos entender que estamos en la mira de un gobierno criminal y que es necesario desarrollar una estrategia para unificar nuestras luchas y para enfrentar los planes de represión que el actual gobierno ya esta empezando desplegar.
Celso Calfullan
Socialismo Revolucionario.
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